Los litigios que procuran la vigencia de los derechos sociales pueden hallar dificultades para probar los hechos que los sustentan.

Esto se puede explicar, entre otras razones, por la indeterminación de los enunciados normativos que recogen este tipo de derechos. Los mismos, generalmente, revisten la forma de principios o directrices y por ello su contenido obligacional depende de la organización de programas de gobierno que demarquen el contenido de los derechos y obligaciones vinculados a aquellos.

En segundo lugar, las dificultades probatorias pueden estar vinculadas con la asimetría en el acceso a la información pública. Ello se explica porque el Estado, principal obligado al cumplimiento de estos derechos, suele ser quien monopoliza la información pública relativa a su (in)cumplimiento.

Como forma de sortear estas dificultades, propongo que las presunciones pueden allanar las dificultades probatorias, con un claro beneficio sobre el acceso a la justicia para este tipo de causas, al lograr sortear a la par cuestiones de costo relacionadas con la producción de prueba compleja.

Desarrollo estas ideas con mayor profundidad en el artículo que fue recientemente publicado en la Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, Vol. 2 - 2021 (pp. 125-148), Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid.

*La fotografía del blogpost es de  Markus Spiske para Unsplash